El bolsillo de los cordobeses recibió un impacto directo y sin anestesia. La quita del régimen de Zona Fría se transformó en una realidad que deja a 2 millones de personas contra las cuerdas. Las facturas del gas llegarán con incrementos que parten del 50 por ciento y que, en muchos casos, directamente duplicarán los valores actuales. Es un escenario donde la supervivencia económica se vuelve una carrera de obstáculos diaria.
La realidad detrás de los números fríos
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, fue tajante al describir la situación. Cerca de 700 mil hogares perderán este subsidio vital. La medida llega en un momento donde la economía cotidiana ya venía bastante golpeada. Por su parte, Daniel Frangie, defensor del Pueblo de Río Cuarto, expuso la bronca generalizada. El funcionario lamentó la falta de escucha por parte de los legisladores nacionales. Nadie respondió los mensajes ni las notas enviadas. Es como si existiera un plan maestro ejecutado a espaldas del ciudadano común. La falta de diálogo es, quizás, la herida más profunda en esta relación entre el poder y el habitante de a pie.
La indignación de Frangie no es menor. Marcó tres retrocesos claros en esta movida oficial. Primero, la absoluta falta de previsibilidad para las familias. Hace apenas 6 años, el Estado prometió estabilidad hasta 2030. Hoy, esas reglas cambiaron de un plumazo. Segundo, la vulneración de la seguridad jurídica. El control absoluto queda en manos del Poder Ejecutivo. Ya no es una ley la que protege al usuario, sino la discrecionalidad de la Casa Rosada. Finalmente, el absurdo de seguir pagando. Los cordobeses continuarán aportando a un fondo fiduciario del cual ya no recibirán beneficio alguno. Es un sistema donde el ciudadano sigue poniendo la plata, pero no ve la contraprestación.
La política aplicada a puertas cerradas termina siempre de la misma forma. Se desoye a las defensorías del pueblo de todo el país. Se intenta enfrentar a regiones y se ignoran alternativas técnicas razonables. Frangie recordó que se podrían haber aplicado topes de consumo para evitar abusos en lugar de eliminar el régimen por completo. La degradación de la confianza pública es el costo real que nadie parece estar midiendo en los pasillos del Congreso. Mientras los despachos se mantienen en silencio, afuera, el ciudadano de Río Cuarto empieza a hacer cuentas y los números no cierran.
Sigue leyendo más actualidad local en El Imperio.
Respondé la trivia de la nota y sumá puntos para tu colegio. ¡Hacé que tu curso gane!
Seguinos para no perderte la próxima nota de tu barrio.
